16-04-07 Por Giorgio Trucchi *
Un nuevo gobierno, ¿la misma vieja indiferencia?. La Alianza de Protección a la Biodiversidad desarrolló una actividad para dar a conocer los graves impactos sociales y ambientales que sigue ocasionando en el país el uso de agrotóxicos. El caso de los afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) continúa recibiendo el silencio oficial.
Un nuevo gobierno, ¿la misma vieja indiferencia?
La Alianza de Protección a la Biodiversidad* desarrolló una actividad para dar a conocer los graves impactos sociales y ambientales que sigue ocasionando en el país el uso de agrotóxicos. El caso de los afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) continúa recibiendo el silencio oficial.
Según Denis Meléndez, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), “El modelo agroexportador que se adoptó en Nicaragua mediando el siglo pasado, se caracterizó por las cantidades muy elevadas de productos químicos que se utilizaban en la producción y por no requerir mano de obra calificada. A partir de los años 60, en el marco del desarrollo industrial de la región centroamericana, a Nicaragua le tocó jugar el papel de principal polo de desarrollo de la industria química regional. Las personas comenzaban a morir sin saber por qué, y esta dramática situación se ha venido incrementando con el tiempo. En los últimos años, y prevalentemente en la zona occidental de Nicaragua, donde se concentran las producciones agroexportadoras, hemos comenzado a darnos cuenta de los estragos que deja el uso indiscriminado de agrotóxicos”.
Una de las secuelas más relevantes de ese modelo de producción es el caso de los ex trabajadores azucareros afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Según datos proporcionados por la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica “Domingo Téllez” (ANAIRC), al 8 de abril de 2007 habían fallecido 2.427 personas. En los últimos 24 meses el número de fallecidos alcanzó la espantosa cantidad de 1.420, con un promedio mensual de 59 personas.
“Si revisamos las cifras de incidencia de muertes por enfermedades profesionales –continuó Meléndez– o de muertes ocasionadas por epidemias o por el SIDA, veremos que la IRC es una realidad que está diezmando a la población. Es una situación que debería llamar poderosamente la atención de las autoridades, las que tendrían que adoptar de inmediato las medidas necesarias en el occidente del país y en los demás territorios donde se registran afectaciones en las personas que trabajan en las principales producciones agrícolas”.
En Nicaragua, como en otros países centroamericanos, el fenómeno de la IRC tardó en ser detectado porque la gente no sabía de qué se estaba muriendo, las organizaciones no tenían la capacidad para percatarse de lo que estaba ocurriendo, y también porque los médicos atendían a las personas como si fuera una enfermedad común. Jamás registraban en el expediente clínico o laboral la información que pudiera establecer el vínculo entre el trabajo y la enfermedad que estaba padeciendo el trabajador.
“En el país –recordó el representante del CISAS– están todavía los restos de la industria química que se desarrolló hace años, y tenemos lugares donde siguen almacenados los productos químicos que ya están prohibidos. Todo esto es un continuo foco de polución. Tenemos serios problemas de contaminación de las aguas, del suelo, pero lo peor es que la historia se está repitiendo, porque se siguen usando agrotóxicos que en los países desarrollados ya están fuera del mercado. El Ministerio de Agricultura (MAGFOR) ha sido complaciente con estos productos”, indicó Meléndez. “A esto se agrega otro peligro como es la implementación del nuevo modelo de producción de biocombustibles –continuó-, que está pensado en función de alimentar a los vehículos y no para satisfacer las necesidades de las personas. Se cultiva maíz destinado a producir etanol, mientras el precio de la tortilla –elemento básico de la alimentación nacional- se ha disparado en todo el país. También la palma aceitera está compitiendo con las personas para el aprovechamiento de las fuentes de agua subterráneas, y es un modelo de producción que va a agudizar esta situación. En el caso de la IRC, ni siquiera con la aprobación de la Ley 456 (Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales a la Ley 185, Código del Trabajo) las autoridades han asumido responsablemente todas las secuelas de esta enfermedad. La gente sigue consumiendo agua y no sabe que está contaminada”, finalizó Meléndez.
